En un contexto de creciente tensión geopolítica y dependencia de materiales estratégicos, el Grupo de los Siete (G7) se prepara para discutir una posible respuesta conjunta a las nuevas restricciones impuestas por China al comercio de tierras raras, insumos clave para la producción de baterías, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y componentes electrónicos de alta tecnología. La decisión de Pekín de imponer controles adicionales sobre la exportación de productos que contengan tierras raras procesadas en su territorio ha encendido las alarmas entre las principales economías industriales del mundo, que ven en esta medida un riesgo sistémico para sus cadenas de suministro.
El Ministerio de Comercio de China anunció recientemente que las empresas deberán solicitar permisos especiales para exportar materiales que hayan sido procesados o fabricados utilizando tierras raras extraídas en el país, incluso si el producto final se manufactura en el extranjero. Esta nueva normativa representa un cambio radical en el marco regulatorio vigente y refuerza el control del gobierno chino sobre un recurso del que posee más del 60% de la producción global y cerca del 85% de la capacidad de refinación.
Frente a esta acción, los ministros de Finanzas del G7 —compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— han iniciado conversaciones para coordinar una estrategia común. Según declaraciones del ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, el bloque buscará enviar una señal clara de defensa del comercio internacional justo, sin recurrir a medidas que puedan poner en riesgo el equilibrio macroeconómico o el empleo interno.
La inquietud entre los países miembros del G7 es palpable. Las restricciones de China podrían derivar en una interrupción del flujo global de materiales estratégicos, impactando la transición energética y el desarrollo tecnológico. No se trata únicamente de una cuestión comercial, sino de seguridad nacional, como lo ha planteado abiertamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en los últimos años ha trabajado activamente para establecer alianzas en torno a la diversificación de fuentes de minerales críticos. Washington busca ahora sumar a esta iniciativa a países como India, Australia, Corea del Sur y la Unión Europea.
Aunque la posibilidad de represalias arancelarias o sanciones específicas no ha sido descartada, dentro del G7 gana fuerza la opción de una respuesta estructural que incluya incentivos para la exploración, producción y procesamiento de tierras raras en jurisdicciones aliadas. El objetivo es doble: reducir la dependencia del dominio chino en la cadena de valor de estos minerales y fortalecer la resiliencia industrial de las economías avanzadas.
México, aunque no forma parte del G7, podría verse directamente beneficiado por esta reconfiguración geoeconómica. Su posición geográfica, su tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el creciente interés de empresas extranjeras por diversificar sus fuentes de abastecimiento lo colocan en un punto estratégico. La exploración de tierras raras y otros minerales críticos como el litio en estados como Sonora, Chihuahua y Oaxaca podría convertirse en una palanca de desarrollo industrial y científico, siempre que se garantice una política pública clara y un marco jurídico estable.
Los cambios en la política minera de China no son nuevos. En 2023, el gobierno chino ya había impuesto restricciones similares sobre el galio y el germanio, metales clave en la industria de semiconductores. Aquella decisión fue interpretada como una respuesta directa a los controles estadounidenses sobre la exportación de chips avanzados. En esa ocasión, el impacto fue inmediato: varios fabricantes asiáticos y europeos comenzaron a buscar proveedores alternativos en países como Vietnam, Malasia y Australia.
La diferencia ahora es que las tierras raras tienen un uso mucho más extendido y son vitales para sectores estratégicos como defensa, aeroespacial, energías renovables y telecomunicaciones. El carácter transversal de estos minerales hace que cualquier alteración en su disponibilidad afecte múltiples industrias y niveles de la economía. De ahí el interés del G7 por actuar de manera coordinada.
Expertos en comercio internacional advierten, sin embargo, que cualquier respuesta deberá tener un fundamento legal sólido bajo los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a fin de evitar que se escale a un conflicto más amplio. Además, se insiste en la necesidad de balancear los intereses económicos con los compromisos ambientales asumidos por las economías del G7, ya que el incremento en la producción local de tierras raras podría tener un alto costo ecológico si no se gestiona adecuadamente.
El G7 también analiza incluir mecanismos de cooperación tecnológica para el reciclaje y la reutilización de materiales críticos, con el fin de disminuir la presión sobre la extracción primaria. Alemania y Japón han tomado la delantera en el desarrollo de procesos para recuperar tierras raras de dispositivos electrónicos desechados, una línea de acción que podría escalarse a nivel multilateral.
En este contexto, la minería —muchas veces estigmatizada— vuelve a ocupar un lugar central en la conversación global. Pero no se trata de cualquier minería: se trata de una minería con estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) cada vez más exigentes. El momento exige una reflexión profunda sobre la forma en que los países abordan la explotación de sus recursos naturales, y sobre cómo pueden convertir esa riqueza geológica en una ventaja estratégica sin sacrificar el bienestar de las comunidades ni el equilibrio ambiental.
Si el G7 logra articular una respuesta coherente y efectiva, no solo se abriría una ventana de oportunidad para países como México, sino que también se marcaría el inicio de una nueva era en la gobernanza de los recursos críticos. Una era en la que la seguridad del suministro, la sostenibilidad y la cooperación internacional dejen de ser promesas abstractas y se conviertan en políticas concretas.
