La recuperación de los siete cuerpos de trabajadores desaparecidos en la mina Grasberg, operada por Freeport-McMoRan en la provincia indonesia de Papúa, cierra una etapa crítica para la compañía y abre otra igual de compleja: retomar operaciones en medio de un escenario internacional marcado por la escasez de cobre y una creciente presión sobre la cadena de suministro global.
El deslave ocurrido a inicios de septiembre movilizó más de 800,000 toneladas de material húmedo y obligó a la suspensión total de actividades en una de las minas más importantes del mundo. Grasberg representa cerca del 70 % de la producción anual de cobre y oro de Freeport Indonesia, y contiene la mitad de las reservas de su filial local. El impacto ha sido tanto humano como operativo. Entre las víctimas se confirmó la identidad del ingeniero chileno Víctor Bastida Ballesteros, mientras que el resto permanece en proceso de identificación por parte de las autoridades.
La empresa emitió un comunicado en el que lamentó las muertes y reconoció la labor del equipo de emergencia que trabajó durante semanas para localizar a los trabajadores. Desde el punto de vista corporativo, la respuesta inmediata fue la declaración de fuerza mayor para sus compromisos de suministro desde Indonesia, una medida que refleja la imposibilidad de cumplir con los contratos establecidos debido a causas imprevistas de gran magnitud.
Freeport ha informado que la producción de cobre durante el último trimestre de 2025 será insignificante. Además, la proyección de ventas para 2026 fue reducida en un 35 %. Se prevé que Grasberg no reanude operaciones completas sino hasta 2027, aunque ciertas áreas no afectadas podrían reactivarse de forma parcial antes de que finalice este año.
Benchmark Mineral Intelligence estima que la pérdida acumulada de producción entre septiembre de 2025 y finales de 2026 alcanzará aproximadamente 600,000 toneladas de cobre contenido. Esta cantidad equivale a la producción anual prevista de la mina Collahuasi en Chile, actualmente el tercer mayor yacimiento del mundo. Este dato da cuenta de la magnitud de la interrupción y del efecto inmediato sobre la disponibilidad global de un metal clave para la economía internacional.
La situación en Grasberg no es un caso aislado. Durante los últimos meses, la cadena de suministro del cobre ha enfrentado otras interrupciones significativas. En julio, la mina El Teniente en Chile, operada por Codelco, registró un accidente fatal que obligó a paralizar operaciones durante una semana. En Perú, Hudbay Minerals suspendió temporalmente sus actividades en la planta de procesamiento de la mina Constancia debido a protestas sociales. Estos eventos, sumados a lo ocurrido en Indonesia, han acentuado las tensiones en el mercado internacional del cobre.
En paralelo, los precios del cobre han comenzado a escalar nuevamente. El mercado reacciona a una oferta reducida, en un contexto donde la demanda sigue aumentando debido al desarrollo de infraestructura eléctrica, la industria de vehículos eléctricos y la expansión de redes energéticas sostenibles. La política monetaria más flexible en Estados Unidos y la debilidad del dólar han acentuado aún más la presión sobre los precios.
El gobierno de Indonesia colabora con Freeport-McMoRan en la investigación de las causas del deslave. La compañía ha calificado el incidente como “sin precedentes”, y ha reiterado su disposición a revisar todos los protocolos de seguridad. Papúa es una región con alta actividad sísmica y lluvias intensas, factores que históricamente han representado desafíos importantes para la minería a cielo abierto y subterránea en la zona.
La mina Grasberg es una operación estratégica no solo para Freeport, sino también para la economía de Indonesia. Desde su entrada en operación en la década de 1970, el complejo ha sido fuente constante de ingresos, empleo e inversión extranjera. El contrato actual entre la empresa y el Estado indonesio se extiende hasta 2041, y su cumplimiento dependerá de la capacidad de ambas partes para gestionar los riesgos inherentes a este tipo de proyectos.
En este contexto, el incidente de septiembre abre un debate sobre la resiliencia de las operaciones mineras frente a eventos naturales extremos. A pesar de los avances en tecnología y monitoreo, la minería sigue expuesta a factores climáticos, geológicos y sociales que requieren una planificación exhaustiva y un enfoque de gestión de riesgos más dinámico.
El impacto humano no puede pasarse por alto. Las familias de los siete trabajadores fallecidos enfrentan una pérdida irreparable, y el sector minero se ve nuevamente interpelado sobre sus estándares de seguridad laboral. Aunque los indicadores de producción y las proyecciones financieras ocupan los titulares, detrás de cada número hay personas. Este recordatorio es especialmente importante en una industria que opera en entornos remotos y complejos, donde cada decisión tiene consecuencias directas sobre vidas humanas.
La recuperación de Grasberg será gradual, y probablemente sujeta a revisiones constantes. Sin embargo, el desafío más importante será demostrar que es posible mantener operaciones de alta escala con un enfoque responsable y sostenible. En un mercado global cada vez más exigente, la reputación y la capacidad de respuesta de una empresa minera son tan relevantes como sus niveles de extracción.
Freeport-McMoRan enfrenta una coyuntura difícil. Pero también tiene ante sí una oportunidad para reforzar sus compromisos en materia de seguridad, transparencia y responsabilidad operativa. La industria minera no puede darse el lujo de operar en automático cuando las condiciones cambian. Y hoy, más que nunca, las condiciones han cambiado.
