A más de 600 kilómetros de la capital Bamako, entre caminos polvorientos y zonas de alto riesgo, se encuentra la mina de oro de Sadiola. Operada por Allied Gold, esta instalación enfrenta ahora un nuevo obstáculo que podría comprometer su continuidad: el aislamiento forzado por un bloqueo de combustible impuesto por insurgentes vinculados a Al Qaeda, y reforzado por la misma autoridad militar del país.
El conflicto, que combina elementos geopolíticos, insurgencia armada y decisiones militares internas, ha dejado varados cerca de 70 camiones cisterna en las localidades de Diboli y Kayes. Las fuentes que confirmaron la situación pidieron anonimato, dada la sensibilidad del tema. Tres unidades lograron llegar a la mina escoltadas por el ejército, pero la operación continúa bajo amenaza constante.
En un video difundido a principios de septiembre, un vocero del grupo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), con vínculos directos con Al Qaeda, declaró la orden de impedir el ingreso de combustible a Mali. La acusación va más allá de la logística minera: responsabilizan al gobierno militar de “perseguir al pueblo” y de cortar el suministro de gasolina a las comunidades rurales, con el argumento de que podrían estar abasteciendo a los yihadistas.
En respuesta, las fuerzas armadas de Mali han optado por contener la entrada de combustible hasta que se pueda garantizar su traslado bajo protección militar. Sin embargo, el propio ejército enfrenta limitaciones operativas. Obtener una escolta militar puede tomar semanas, incluso meses, algo que las empresas mineras que operan en el país conocen muy bien. Allied Gold, cuya mina representa una fuente clave de empleo e ingresos en la región, todavía no ha emitido una declaración oficial. Tampoco lo ha hecho el gobierno.
La situación revela una dinámica peligrosa: mientras los insurgentes radicales consolidan su poder en las rutas de suministro, las fuerzas del Estado se ven rebasadas en sus capacidades logísticas y de control territorial. En esta ocasión, el conflicto impacta de manera directa a una de las pocas industrias que continúa operando pese a las tensiones: la minería aurífera.
Apenas en mayo, un convoy que transportaba maquinaria pesada desde Bamako hasta la mina fue emboscado por militantes armados. El incidente expuso la fragilidad de los corredores logísticos y la constante amenaza que enfrentan quienes intentan mantener activa la producción minera en un país cada vez más fragmentado por el conflicto armado.
El último ataque de gran escala ocurrió hace tan solo un mes, cuando más de 40 camiones cisterna fueron destruidos por insurgentes en una caravana de 100 vehículos que también contaba con escolta militar. Las pérdidas fueron millonarias y marcaron un punto de inflexión en la política de transporte de hidrocarburos dentro del país.
Mali, sin salida al mar y dependiente de corredores logísticos desde países vecinos como Senegal, Guinea, Costa de Marfil o Mauritania, se encuentra en una situación crítica. No se trata únicamente de una crisis de combustible. Es una crisis de soberanía logística que afecta a todos los sectores económicos, pero que golpea especialmente al minero, dada su dependencia del diésel para operar maquinaria, generar energía y transportar material.
La mina de Sadiola, ubicada en una región históricamente rica en minerales, representa no solo una fuente de riqueza para Allied Gold, sino también una esperanza de desarrollo para cientos de familias que dependen directa o indirectamente de su operación. Hoy, esa esperanza se tambalea por razones que escapan a la voluntad empresarial o al ciclo del mercado del oro.
En un contexto donde los actores armados imponen sus reglas y el Estado se ve replegado, la pregunta es cómo puede subsistir una operación minera en condiciones de bloqueo prolongado. El abastecimiento de combustible es vital. Sin él, no hay perforación, no hay procesamiento, y eventualmente no hay producción.
Los países vecinos observan con preocupación. Si Mali colapsa logísticamente, sus propias fronteras comerciales podrían verse afectadas. Para empresas como Allied Gold, el dilema es claro: seguir operando con alto riesgo o suspender actividades hasta que haya condiciones mínimas de seguridad. Pero cerrar la mina también podría representar el colapso económico de toda una región.
El oro sigue allí, enterrado bajo tierra. Pero extraerlo ya no depende únicamente de maquinaria ni de inversiones. Depende de la capacidad de un Estado en crisis para garantizar condiciones mínimas de operación. Y, por ahora, ese Estado enfrenta a enemigos que no se detienen ante nada.
