Pocas veces un rumor ha bastado para sacudir de forma tan contundente el mercado minero como ocurrió con Lithium Americas. En cuestión de horas, las acciones de esta empresa canadiense, responsable del desarrollo del mayor yacimiento de litio en Estados Unidos, registraron un crecimiento cercano al 95 %, impulsadas por reportes que señalan el interés del expresidente Donald Trump —y su equipo— por adquirir una participación accionaria significativa a través de instancias del gobierno estadounidense.
La información, inicialmente divulgada por Reuters y posteriormente confirmada por la propia compañía, provocó una ola de reacciones entre inversionistas, analistas y actores de la cadena de suministro de minerales estratégicos. Según fuentes consultadas, el Departamento de Energía de EE. UU. se encuentra en negociaciones con Lithium Americas y General Motors —socio clave en el desarrollo del proyecto Thacker Pass— para redefinir las condiciones del préstamo federal de 2 300 millones de dólares que había sido aprobado previamente.
El punto central de la renegociación es delicado: el gobierno busca convertir parte de ese financiamiento en una participación accionaria que podría alcanzar el 10 % de la compañía o del proyecto en sí. Este enfoque marca una desviación sustancial respecto a la política industrial estadounidense tradicional, caracterizada por evitar la propiedad directa en empresas privadas, pero también responde al contexto internacional de creciente competencia por minerales estratégicos como el litio.
El proyecto Thacker Pass, ubicado en Nevada, no es uno cualquiera. Se trata del mayor depósito de litio en Norteamérica y uno de los más importantes fuera del triángulo del litio sudamericano. Su potencial productivo en la primera etapa supera las 40 000 toneladas anuales de carbonato de litio apto para baterías, y su contribución a la transición energética estadounidense ha sido reconocida por múltiples agencias del gobierno federal.
Desde la perspectiva de Washington, el interés por el litio no responde únicamente a la necesidad de alimentar la creciente demanda de vehículos eléctricos. También se trata de una cuestión de seguridad nacional. En años recientes, China ha consolidado un dominio abrumador sobre el procesamiento de minerales críticos, incluyendo el litio, el grafito y las tierras raras. Frente a este escenario, la administración Trump —con un enfoque más directo y agresivo que la de su sucesor— está evaluando fórmulas que garanticen el control local de recursos estratégicos, incluso si eso implica una presencia activa del Estado en la estructura de propiedad de las empresas extractivas.
Para Lithium Americas, este escenario representa tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, una participación gubernamental podría blindar al proyecto frente a cambios regulatorios, facilitar nuevos permisos y allanar el camino hacia acuerdos de suministro con fabricantes locales. Por otro, la proximidad del Estado al capital accionario puede generar tensiones internas y presiones externas en los mercados financieros, donde la independencia operativa es todavía un valor central para muchos inversionistas institucionales.
El efecto inmediato de la noticia fue abrumador. El valor de mercado de Lithium Americas se disparó hasta alcanzar los 1 450 millones de dólares, tras cotizarse alrededor de los 6,04 dólares por acción. Este aumento también tuvo un efecto indirecto sobre otras compañías vinculadas al litio en Norteamérica, que vieron crecer su cotización ante la expectativa de una política industrial más activa por parte del gobierno federal.
Las implicaciones de este movimiento, sin embargo, van mucho más allá del mercado bursátil. En términos estratégicos, Estados Unidos estaría dando un paso hacia la reconfiguración de su política de minerales críticos, priorizando no solo el financiamiento, sino también la participación directa en proyectos clave. Esta lógica no se limita al litio. También se ha reportado que el gobierno analiza fórmulas similares para tomar posiciones en empresas como MP Materials —clave en tierras raras— o incluso en el sector de semiconductores, como el caso de Intel.
El mensaje que se transmite es claro: en la carrera por la soberanía energética y tecnológica, Estados Unidos no está dispuesto a quedarse atrás. Ya no basta con subvencionar la innovación o respaldar financieramente la infraestructura. Ahora, el Estado también quiere un asiento en la mesa de decisiones.
Desde una óptica crítica, algunos analistas han advertido sobre el riesgo de distorsión del mercado si el gobierno interviene de manera accionaria. Otros señalan que este tipo de medidas podrían desalentar la inversión extranjera o generar conflictos con regulaciones internacionales sobre competencia. No obstante, en el entorno actual, marcado por tensiones geopolíticas, inflación energética y presión climática, la intervención estatal puede verse como una forma legítima de asegurar el interés nacional.
Este cambio de paradigma también reabre un debate crucial en América Latina, especialmente en países como México, Argentina y Chile, que poseen vastas reservas de litio y están definiendo su modelo de gobernanza minera. ¿Debe el Estado tener una participación directa en las empresas del sector? ¿Qué mecanismos permiten asegurar el control de los recursos sin desalentar la inversión? ¿Es posible una minería del litio que combine rentabilidad, sostenibilidad y soberanía?
En el caso de México, por ejemplo, la creación de LitioMx fue una apuesta hacia ese tipo de control estatal, aunque aún con muchos desafíos por delante. Lo ocurrido con Lithium Americas puede ofrecer pistas valiosas para entender cómo se está moviendo el tablero internacional. Ya no se trata solo de quién tiene el mineral, sino de quién lo transforma, quién lo financia y, sobre todo, quién lo controla.
Para la minería global, el caso de Lithium Americas representa un hito. Muestra cómo un recurso estratégico puede atraer el interés directo de potencias globales y cómo las reglas del juego están cambiando a una velocidad vertiginosa. También pone en evidencia la necesidad de consolidar modelos productivos que combinen visión geopolítica, responsabilidad ambiental y competitividad.
A pesar de las incertidumbres que rodean esta operación, hay algo que parece indiscutible: el litio ha dejado de ser simplemente un mineral para convertirse en un eje central de la política energética, económica y tecnológica del siglo XXI.
