No es la primera vez que el nombre del proyecto Tía María aparece en los titulares peruanos. Durante más de una década, este desarrollo cuprífero en la región de Arequipa ha sido centro de controversias, protestas y debates políticos. Pero hoy, tras años de espera, la situación parece haber tomado un giro definitivo.
Southern Copper, filial de Grupo México y uno de los gigantes mineros del continente, confirmó que Tía María comenzará su producción en 2027. Lo hizo durante una importante convención minera en Perú, donde Paul Lostaunau Ramos, jefe de comunicaciones de la compañía, aseguró que la mina no solo representa un hito para la empresa, sino una fuente de riqueza para la región.
El dato más llamativo proviene del impacto fiscal: se espera que, solo por concepto de regalías, los ingresos regionales de Arequipa aumenten un 40%. No se trata de una promesa abstracta. Las proyecciones están respaldadas por una producción estimada de 120,000 toneladas anuales de cobre, lo que posicionaría al proyecto como uno de los más relevantes en la cartera cuprífera del país.
Ese impulso económico no se limitará a las arcas estatales. Se estima que durante la etapa de construcción se generarán alrededor de 3,500 empleos directos. A ello se sumarán 764 plazas permanentes una vez iniciada la producción y otros 4,800 empleos indirectos. En una zona con históricos desafíos laborales y sociales, estas cifras podrían marcar un antes y un después.
Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, confirmó que la construcción podría comenzar tan pronto como en octubre. Las primeras tareas contemplan la mejora de la infraestructura vial y ferroviaria, la instalación de un campamento temporal y la preparación del sitio minero. Se trata de obras que, por sí solas, ya implican una movilización económica importante en el sur del país.
Desde luego, el camino hasta aquí no ha sido sencillo. Tía María ha enfrentado una férrea oposición social, particularmente entre 2011 y 2015, periodo en el que murieron seis personas durante enfrentamientos en la provincia de Islay. La sombra del conflicto ambiental sigue presente en la memoria colectiva y representa el mayor desafío no técnico del proyecto.
Por ello, el reinicio de los trabajos en 2024 se dio bajo una premisa ineludible: mantener la paz social. El Gobierno peruano otorgó la licencia de construcción en 2019, pero supeditó su ejecución a un entorno de estabilidad. Southern Copper ha entendido que el diálogo es clave, y ha reforzado sus canales de comunicación con las comunidades locales.
Más allá de los números, el retorno de Tía María refleja un aspecto que a menudo se pierde en el debate sobre minería: su capacidad de articular desarrollo territorial cuando se gestiona con responsabilidad. La inversión actualizada del proyecto asciende a 1,800 millones de dólares, una cifra que supera los 1,400 millones inicialmente previstos. El ajuste no solo responde a la inflación de costos, sino a una visión más integral del impacto que se busca generar.
Perú no es un actor menor en el tablero global del cobre. Es el tercer productor mundial, solo detrás de Chile y la República Democrática del Congo. En ese escenario, Southern Copper ocupa el segundo lugar en producción nacional con 414,000 toneladas en 2024. La entrada de Tía María no solo ampliará esa cifra, sino que reforzará el papel de Arequipa en la cadena cuprífera mundial.
El desafío inmediato para Southern Copper será consolidar la aceptación social en una zona históricamente crítica. El hecho de que el gobernador regional respalde públicamente el inicio de obras es un signo alentador. Sin embargo, la experiencia demuestra que la sostenibilidad de un proyecto minero en Perú no depende únicamente de permisos formales, sino de su legitimidad comunitaria.
En un país donde la minería representa casi el 60% de las exportaciones y constituye una palanca clave para el crecimiento económico, iniciativas como Tía María pueden convertirse en ejemplos de transformación si logran combinar productividad, inversión social y cuidado ambiental.
