Desde temprano se vislumbra el paisaje de Cobre Panamá envuelto en cierta expectación. Imagínate recorrer antiguos caminos polvorientos que antes vibraban con el ritmo constante de las operaciones mineras. Hoy, ese silencio contrasta con los ecos del futuro. La administración actual contempla reiniciar los diálogos con First Quantum Minerals tras casi dos años de cierre obligado. Ese posible reencuentro nace de una auditoría ambiental inminente, que marcará un antes y un después en el destino de una de las minas más importantes de América Latina.
La ministra de Comercio, Julio Moltó, anunció que Panamá empezará en las próximas semanas una auditoría ambiental, social y económica en Cobre Panamá. El análisis estará a cargo de SGS Panama Control Services y durará entre tres y cuatro meses; incorporará elementos clave como empleo para panameños, impacto ambiental y viabilidad económica. Este esfuerzo precede negociaciones formales sobre la reapertura, que se proyectan para finales de este año o principios de 2026.
No obstante, está claro que lo que inicia ahora no es una apertura de la mina. Hace apenas algunos meses, el gobierno aprobó un plan de mantenimiento ambiental —no operativo— para preservar la infraestructura y el entorno, sin intención de activarla inmediatamente.
Este anuncio pone en marcha una conversación largamente esperada. En marzo pasado, First Quantum aceptó suspender dos procedimientos arbitrales multimillonarios contra Panamá. Esa renuncia abrió la puerta para retomar el diálogo sobre el futuro de la mina. Desde entonces, el mercado observa con atención los movimientos del país.
Hay una dimensión geopolítica en esta historia. Cobre Panamá fue, hasta su cierre, uno de los mayores productores de cobre del mundo. Aportó entre el 3 % y 5 % del PIB panameño, generó miles de empleos y se convirtió en uno de los pilares económicos más sólidos del país. Esa realidad se refleja también en los efectos socioeconómicos del paro: decenas de miles de empleos indirectos se vieron afectados, y el golpe al empleo y la recaudación fiscal ha sido duro.
Este contexto añade presión para que el Estado actúe con conciencia ambiental y también con apertura al diálogo. Hace apenas unos meses, comunidades indígenas cercanas denunciaban restricciones impuestas por la seguridad de la mina, incluso luego de su cierre, lo que generó tensiones sociales y desafíos a los derechos de libre tránsito.
El momento es delicado. Panamá necesita balancear dos fuerzas encontradas: por un lado, la urgencia económica que representa relanzar una inversión millonaria e histórica; por otro, las demandas ambientales, sociales y constitucionales que fueron el origen del cierre. El reinicio de la actividad minera solo será viable si se demuestra transparencia, legitimidad y responsabilidad ambiental.
Este contexto también debe entenderse dentro de un panorama global: la demanda por cobre crece exponencialmente, impulsada por la transición energética, la electrificación del transporte y la digitalización. Retomar operaciones en Cobre Panamá podría aliviar las presiones del mercado internacional y fortalecer reservas estratégicas.
En mi opinión, este impulso hacia una auditoría es un paso correcto: sincero, técnicamente fundamentado y estratégico. Ofrece la oportunidad de reconstruir confianza, involucrar a la sociedad civil y preparar el terreno para un eventual reinicio con base firme. Si se respeta este proceso, el país podrá demostrar que es viable apostar por la minería moderna, respetuosa y con impacto socioambiental controlado.
