El silencio que cubre la región de Maru, en el estado nigeriano de Zamfara, solo es interrumpido por los lamentos de los familiares y los esfuerzos desesperados de los rescatistas. Al menos 100 personas habrían perdido la vida tras el colapso de un pozo de minería de oro en el sitio de Kadauri, una zona ampliamente explotada por mineros artesanales, pero también asediada por la violencia y la informalidad.
La tragedia ocurrió el jueves por la tarde, mientras decenas de mineros trabajaban en condiciones precarias dentro del socavón. A medida que la tierra cedía, sepultó a quienes se encontraban a varios metros bajo el nivel del suelo. Hasta el viernes por la mañana, solo se habían recuperado 13 cuerpos sin vida. Algunos rescatistas, enfrentando el riesgo de derrumbes secundarios y falta de oxígeno, también sufrieron consecuencias fatales.
Uno de los sobrevivientes, Isa Sani, relató por teléfono a la agencia Reuters que apenas una quincena de trabajadores logró salir con vida. Él mismo se encontraba herido y bajo tratamiento. La cifra de víctimas podría aumentar, dado que los esfuerzos de rescate continúan con herramientas rudimentarias y sin la presencia de equipos especializados.
Sanusi Auwal, residente de la zona y partícipe en las tareas de rescate, identificó entre los fallecidos a su primo. La escena es desoladora: cuerpos atrapados, gritos de auxilio apagados con el paso de las horas y una comunidad que enfrenta, una vez más, el costo humano de una actividad económica vital pero mal regulada.
El colapso, aunque devastador, no sorprende del todo. La minería ilegal y artesanal en Zamfara ha sido durante años una combinación peligrosa de necesidad económica, desprotección institucional y control de grupos armados. En muchas ocasiones, los mismos campos auríferos están bajo dominio de bandas criminales que financian sus operaciones mediante la venta ilícita del oro extraído.
La ausencia del Estado en estas regiones ha sido documentada por diversas organizaciones locales e internacionales. El acceso a maquinaria adecuada, protocolos de seguridad o incluso supervisión básica es prácticamente inexistente. Así, cada jornada minera en lugares como Kadauri es una apuesta por la supervivencia, más que una jornada laboral.
En 2010, Zamfara captó la atención internacional por un brote de intoxicación por plomo relacionado con la minería artesanal. Más de 400 niños murieron entonces. Ese evento obligó al gobierno nigeriano a prometer una reestructuración del sector minero artesanal, pero poco ha cambiado. Las condiciones de trabajo siguen siendo inhumanas, los accidentes son comunes y el oro que se extrae en estos lugares termina, muchas veces, alimentando redes internacionales sin ningún tipo de trazabilidad o beneficio local.
La Asociación de Mineros de Zamfara, representada por Muhammadu Isa, confirmó el incidente y expresó su preocupación por la seguridad de los trabajadores. También reconoció que algunos rescatistas murieron asfixiados al intentar sacar cuerpos de entre los escombros.
Las autoridades estatales aún no han emitido una declaración oficial. La policía local, contactada por Reuters, no respondió a las solicitudes de información. Este silencio institucional genera inquietud, especialmente entre las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos atrapados bajo tierra.
Nigeria, con vastos recursos minerales, enfrenta una paradoja: mientras el subsuelo guarda un potencial económico invaluable, las políticas públicas no han logrado traducir esa riqueza en desarrollo. En zonas como Zamfara, el oro no brilla; mata.
El dilema de la minería informal no es exclusivo de Nigeria. En todo el continente africano, millones de personas viven de esta actividad en condiciones similares. Sin embargo, la falta de alternativas económicas reales obliga a comunidades enteras a sumergirse —literalmente— en pozos improvisados, cavando con las manos lo que la superficie les niega.
El valor del oro, en constante ascenso en los mercados internacionales, ha sido un incentivo adicional para que se intensifique esta extracción. Pero mientras el metal se cotiza en dólares, quienes lo extraen rara vez reciben una compensación digna. Y peor aún, a menudo pagan con su vida.
Este nuevo desastre en Kadauri debería ser un punto de inflexión para las autoridades nigerianas. Urge una estrategia nacional que regule la minería artesanal, que formalice a los trabajadores y garantice que esta actividad, esencial para muchas economías rurales, no continúe cobrando vidas. La minería puede y debe ser una vía de desarrollo, no una condena a muerte.
Desde una perspectiva más amplia, vale la pena subrayar que la minería artesanal bien regulada ha demostrado ser una fuente sostenible de ingresos en países como Perú, Colombia o Ghana, donde con apoyo institucional se han logrado reducir accidentes, mejorar condiciones laborales y asegurar el cumplimiento de estándares ambientales. Nigeria tiene el potencial de seguir ese camino, pero requiere decisión política, inversiones dirigidas y una firme voluntad de recuperar el control sobre su territorio minero.
Zamfara, hoy enlutada, necesita más que palabras de condolencia. Necesita presencia estatal, inversión en infraestructura minera, oportunidades reales para sus jóvenes y garantías mínimas de seguridad para quienes cada día descienden a las entrañas de la tierra buscando una mejor vida.
