La mina Cobre Panamá, uno de los proyectos más relevantes del sector minero en América Latina, entra en una nueva fase de revisión tras meses de incertidumbre. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, confirmó que la auditoría ambiental que evaluará el estado actual del sitio comenzará formalmente en septiembre. Esta inspección técnica y legal, que busca arrojar luz sobre las condiciones operativas y medioambientales de la mina, está programada para concluir antes de finalizar el año.
Ubicada en Donoso, provincia de Colón, esta mina de cobre operada por Minera Panamá —subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals— fue cerrada a finales de 2023 tras una ola de protestas sociales que cuestionaron la legalidad del contrato de concesión minera. La presión ciudadana, respaldada por una histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional dicho contrato, forzó la paralización del proyecto. Desde entonces, el destino de Cobre Panamá ha quedado en una especie de limbo jurídico, político y económico.
El ministro Moltó informó esta semana que los términos de referencia para la auditoría ya fueron unificados en un solo documento y que la firma encargada ha sido seleccionada. El proceso será financiado con fondos del Ministerio de Ambiente, mientras que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el propio Ministerio de Ambiente supervisarán su implementación. La empresa adjudicada es SGS Panamá Control Services Inc., una firma de trayectoria internacional en materia de control y verificación técnica.
Esta auditoría no será simplemente una inspección ambiental rutinaria. De acuerdo con las autoridades, el enfoque será integral: se evaluará el cumplimiento de las obligaciones ambientales, el estado físico y técnico de la infraestructura, los riesgos de impacto ecológico y los posibles efectos sobre comunidades vecinas. Además, el proceso deberá analizar el cumplimiento normativo tanto en legislación panameña como en tratados internacionales.
El interés público en esta auditoría no es menor. Cobre Panamá representa cerca del 3.5% del Producto Interno Bruto del país y había llegado a generar más de 7 mil empleos directos antes de su cierre. Su paralización ha tenido impactos económicos notables, tanto en las finanzas públicas como en las cadenas de suministro regionales. Aunque el gobierno actual ha reiterado que no se trata de una reapertura inmediata del proyecto, sino de una evaluación técnica, el resultado de la auditoría será determinante para cualquier decisión futura.
Desde principios de 2025, el gobierno panameño autorizó únicamente la exportación del mineral ya extraído, bajo estrictas condiciones que garantizan que no se reactiven las operaciones extractivas. Esta medida se justificó como un mecanismo para evitar el deterioro de las instalaciones y preservar la seguridad ambiental en la zona. Según el MICI, la exportación ha permitido cubrir el mantenimiento básico sin poner en marcha nuevamente las actividades de extracción.
En una comparecencia reciente ante medios locales, Moltó fue enfático: “Esto no es un proceso político ni una negociación con la empresa. Es un ejercicio técnico, científico y legal. Una auditoría rigurosa que busca determinar si es viable continuar, transformar o cerrar definitivamente el proyecto.” Sus palabras reflejan un intento del gobierno panameño por recuperar credibilidad ante una ciudadanía que, en los últimos años, ha mostrado una creciente desconfianza hacia los grandes proyectos extractivos.
La auditoría también se da en un contexto político cargado. En mayo de 2024, Panamá celebró elecciones presidenciales en las que el tema minero fue uno de los más sensibles del debate público. El nuevo gobierno, que asumió con la promesa de transparencia y responsabilidad ambiental, ahora enfrenta el reto de conciliar las demandas sociales con la necesidad de atraer inversión responsable y preservar la estabilidad económica del país.
Vale la pena recordar que Cobre Panamá, desde su construcción, ha sido un proyecto controversial. Aunque generó ingresos millonarios para el país y posicionó a Panamá como un actor relevante en el mercado global del cobre, también fue criticado por su impacto ambiental en una de las zonas de mayor biodiversidad del istmo. Comunidades locales han denunciado daños en fuentes de agua, deforestación y falta de consulta previa.
No obstante, también es cierto que el proyecto ha representado un caso excepcional en cuanto a infraestructura tecnológica y aportaciones fiscales. Algunos sectores consideran que, con los controles adecuados y una legislación estricta, es posible compatibilizar el desarrollo minero con la protección ambiental. La auditoría podría arrojar datos cruciales para validar o rechazar esa posibilidad.
Desde la perspectiva del sector minero, la auditoría es una herramienta que podría, si se maneja con objetividad y rigor, reestablecer el diálogo entre empresa, Estado y sociedad civil. De no realizarse, o si se percibe como un ejercicio superficial, las consecuencias podrían ser aún más perjudiciales, tanto para la imagen del país como para su clima de inversión.
Como periodista especializado en el sector energético y minero, observo con atención este proceso. Más allá del resultado final, lo que está en juego es la forma en que Panamá enfrenta uno de los dilemas más complejos del siglo XXI: cómo explotar sus recursos naturales sin sacrificar su integridad institucional ni su capital ambiental. La auditoría a Cobre Panamá será una prueba de fuego, no solo para la mina, sino para todo el modelo de gobernanza de recursos en el país.
