La política industrial de Estados Unidos ha tomado un giro inesperado, pero no carente de lógica, bajo la administración de Donald Trump. En una jugada que refuerza su promesa de reducir la dependencia de China, el gobierno evalúa redirigir al menos 2,000 millones de dólares del fondo del CHIPS Act —originalmente destinado a impulsar la producción de semiconductores— hacia proyectos de minería y procesamiento de minerales críticos.
Dos fuentes cercanas al proceso confirmaron a Reuters que esta decisión se encuentra en evaluación activa. Aunque no se ha hecho pública, esta estrategia refleja el intento de la Casa Blanca de centralizar las decisiones sobre un sector que se considera estratégico para la seguridad nacional y la soberanía tecnológica del país. El protagonista de esta nueva orientación es Howard Lutnick, secretario de Comercio y ex CEO de Cantor Fitzgerald, quien ha sido designado para liderar esta ambiciosa reorganización presupuestal.
Desde su promulgación en 2022, el CHIPS and Science Act representó una respuesta directa a la hegemonía asiática en la fabricación de semiconductores. Bajo la administración de Joe Biden, se trató de una política de subsidios con tintes tecnocráticos: atraer fábricas, impulsar investigación y reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras. Sin embargo, para Trump, esta ley representa un “regalo a las grandes tecnológicas” que no ha generado el retorno esperado en empleos ni en autonomía estratégica. Su administración ha preferido renegociar acuerdos con fabricantes de chips y, ahora, redirigir parte del financiamiento a otra industria esencial: la de minerales.
No se trata de una ocurrencia aislada. El creciente dominio de China sobre materiales como el germanio, galio, litio o las tierras raras —todos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías, tecnologías limpias y sistemas de defensa— ha encendido alertas en Washington. En ese contexto, destinar recursos a incentivar su exploración, extracción y procesamiento en suelo estadounidense parece más una corrección de rumbo que una ruptura.
Lutnick no solo tendrá un rol simbólico. Según las fuentes citadas, la intención es que tenga control directo sobre la asignación de los fondos, desplazando competencias que antes recaían en el Pentágono o el Departamento de Energía. El movimiento responde, en parte, al desconcierto causado por la reciente inversión del Departamento de Defensa en MP Materials, una compañía de tierras raras que recibió apoyo financiero sin una estrategia comunicada de forma clara, generando dudas sobre favoritismos o la posibilidad de un monopolio estatal disfrazado.
Al otorgarle a Lutnick un papel central, la Casa Blanca busca alinear los intereses de los distintos órganos del gobierno. Y no es coincidencia que Cantor Fitzgerald, firma donde Lutnick fue director, tenga una participación en Critical Metals Corp, empresa actualmente en evaluación para recibir financiamiento del Banco de Exportaciones e Importaciones.
No está claro si los $2,000 millones serán entregados a través de subsidios directos, inversiones accionarias o préstamos blandos. Pero sí hay certeza sobre una cosa: la administración quiere mover ese dinero con rapidez. “El objetivo es que salgan a la calle lo antes posible”, dijo una de las fuentes.
La minería, una industria que suele quedar en segundo plano en los debates sobre innovación, aparece aquí como el cimiento material de toda transformación tecnológica. La transición energética, la digitalización y la producción avanzada no existirían sin una base sólida de minerales críticos. Sin litio, no hay baterías. Sin galio ni germanio, no hay chips ni paneles solares. Sin tierras raras, no hay imanes para motores eléctricos ni defensa nacional.
Kent Masters, CEO de Albemarle —la mayor productora de litio del mundo— fue claro al respecto. En declaraciones recientes a Reuters, expresó que construir una refinería de litio en EE.UU. es “difícil sin algún tipo de apoyo gubernamental”. Las palabras de Masters no son aisladas. Empresas de reciclaje, procesamiento y minería han señalado las dificultades para competir con subsidios, regulaciones laxas y capacidad de refinación de países como China.
En paralelo, la administración también explora usar el CHIPS Act como vehículo para tomar participaciones en empresas de semiconductores como Intel. La idea es simple: si el gobierno pone dinero, debe tener influencia. Este enfoque, más directo y centralizado, refleja la visión de Trump sobre cómo debe operar el aparato estatal en sectores estratégicos.
El viraje hacia los minerales también tiene una dimensión diplomática. Mientras continúan las tensiones con Europa por el conflicto en Ucrania, Trump recibió esta semana en la Casa Blanca a los CEO de Rio Tinto y BHP, dos gigantes globales de la minería. El gesto es contundente: a pesar del ruido internacional, la prioridad es revitalizar la capacidad productiva de EE.UU. desde sus cimientos materiales.
No es la primera vez que se intenta algo similar. Durante la administración Biden se evaluó destinar fondos del CHIPS Act para proyectos de tierras raras, pero la complejidad ambiental y los altos costos desincentivaron el plan. El enfoque fue canalizado al Departamento de Energía. Sin embargo, el escenario geopolítico ha cambiado. Y con Trump en el poder, las restricciones regulatorias podrían flexibilizarse para dar paso a un modelo más pragmático y menos burocrático.
Desde la perspectiva minera, esta decisión representa una oportunidad única. Aunque controversial, la iniciativa demuestra que por fin se reconoce el rol central de la minería en la economía moderna. No se trata solo de extracción, sino de soberanía, empleo e innovación. Si se ejecuta con visión, podría sentar las bases para una nueva era de autosuficiencia industrial estadounidense.
