El gobierno militar de Mali confiscó más de 35 mil onzas de oro, equivalentes a más de 117 millones de dólares, de la mina Loulo‑Gounkoto operada por Barrick Gold. El hecho ocurrió el 10 de julio, cuando helicópteros estatales aterrizaron sin previo aviso en las instalaciones y se retiraron con más de una tonelada de oro, según confirmó la propia empresa canadiense.
Gobierno busca usar el oro para reactivar operaciones
La extracción fue realizada en nombre del administrador provisional designado por un tribunal de Bamako, como parte de una medida temporal para reactivar la operación minera, suspendida desde enero. En ese mes, el gobierno ya había incautado tres toneladas de oro e interrumpido las exportaciones, lo que llevó a la compañía a iniciar un proceso de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El tribunal de comercio maliense nombró al exministro de Salud Soumana Makadji como administrador provisional del complejo, con el objetivo de utilizar los recursos para pagar salarios, cubrir deudas con contratistas y adquirir insumos críticos. En paralelo, el procesamiento de mineral se ha reanudado y se espera que en menos de dos semanas se obtengan las primeras barras de oro desde que se suspendieron las operaciones.
El conflicto se produce en un contexto de creciente presión del régimen militar para controlar la riqueza minera del país. En junio, se aprobó una nueva ley que permite al coronel Assimi Goïta, líder de la junta, permanecer indefinidamente en el poder hasta que, según el texto, “el país esté pacificado”. Esta consolidación del poder ha permitido al gobierno actuar unilateralmente sobre activos estratégicos, como las minas de oro, sin contrapesos institucionales.
Barrick enfrenta riesgos legales y estratégicos
El nuevo Código Minero maliense busca aumentar la participación del Estado en los ingresos del sector y revisar contratos firmados en años anteriores que, según el régimen, han favorecido desproporcionadamente a empresas extranjeras. Mali, que en 2024 vio caer su producción de oro en más de 20 por ciento, atraviesa dificultades fiscales y ha expresado su intención de utilizar las reservas minerales como fuente de financiamiento interno.
Barrick, por su parte, ha rechazado las acciones del gobierno y cuestiona la legalidad de la designación del administrador. En un comunicado, el director ejecutivo de la empresa, Mark Bristow, reiteró el compromiso de la firma con Mali, pero enfatizó que están preparados para defender sus derechos ante los tribunales internacionales. “Nuestra posición legal es sólida y confiamos en una resolución favorable”, afirmó.
La mina Loulo‑Gounkoto es una de las más importantes de África Occidental y representa un porcentaje significativo de la producción global de Barrick. La licencia actual para operar el complejo expira en febrero de 2026, lo que plantea un riesgo estratégico adicional si la disputa no se resuelve pronto. Cuatro empleados de la empresa siguen detenidos en el país, mientras que gran parte del personal expatriado ha sido evacuado.
La comunidad internacional observa con atención este enfrentamiento. Mali no es el único país de la región que ha intensificado su control sobre los recursos naturales; Burkina Faso y Níger han tomado medidas similares en los últimos meses. La situación plantea interrogantes sobre la estabilidad jurídica para las inversiones en minería en toda África Occidental.
La próxima audiencia en el proceso de arbitraje ante el CIADI está prevista para finales de julio. Allí se definirá si Barrick podrá recuperar el control total del complejo o si deberá negociar un nuevo acuerdo bajo condiciones más estrictas impuestas por el Estado maliense. Mientras tanto, el oro continúa saliendo de las bóvedas de Loulo‑Gounkoto, esta vez no hacia los mercados internacionales, sino directamente a las arcas del régimen.
