El gobierno de Mali decidió reactivar el complejo minero Loulo-Gounkoto, el mayor del país, bajo administración judicial provisional. Esta medida llega luego de que el Estado suspendiera a Barrick Gold como operador, tras una disputa sobre el nuevo código minero y presuntos impuestos impagos.
Loulo-Gounkoto generó más de 720,000 onzas de oro en 2024 y aportaba alrededor del 14 % de la producción proyectada de Barrick para 2025. No obstante, desde enero de este año, la operación permanece paralizada por orden estatal, lo que llevó a Barrick a retirar el activo de sus guías de producción.
El trasfondo de la disputa: impuestos y legislación minera
En 2023, Mali implementó un nuevo código minero. Entre otros puntos, este documento eleva las regalías y aumenta la participación estatal en las operaciones mineras. Barrick asegura que sus contratos actuales le garantizan protección frente a cambios legales, y ha recurrido a arbitraje internacional a través del CIADI, del Banco Mundial.
El gobierno maliense, por su parte, afirma que la compañía canadiense adeuda impuestos significativos. Como respuesta, incautó tres toneladas de oro, detuvo a trabajadores y bloqueó exportaciones.
Intervención judicial y reactivación operativa
El 16 de junio de 2025, el Tribunal de Comercio de Mali ordenó colocar a Loulo-Gounkoto bajo control estatal por seis meses. Designó a Soumana Makadji, exministro de Salud, como administrador provisional.
El 24 de junio, las autoridades fiscales reabrieron la oficina de Barrick en Bamako bajo la supervisión de Makadji, quien ahora lidera el reinicio de actividades. Según el ministro de Minas, Amadou Keita, el objetivo es “producir oro para la economía nacional y proteger a los trabajadores”.
Un punto de inflexión para la minería africana
La intervención marca un punto crítico. Por un lado, demuestra la voluntad del Estado de priorizar el beneficio nacional. Por otro, genera incertidumbre sobre el respeto a los contratos internacionales, lo cual podría alejar inversiones futuras.
Barrick enfrenta ahora el desafío de recuperar el control operativo, al tiempo que continúa las negociaciones y procesos legales. Su posición contractual, aunque sólida, dependerá del resultado del arbitraje internacional y del clima político en Mali.
Perspectivas futuras y cierre de año clave
El mandato del administrador expira en diciembre de 2025. Además, las licencias de operación deben renovarse antes de febrero de 2026, lo que añade presión a las negociaciones.
Se espera que esta semana Makadji visite el sitio minero y dialogue con los empleados, en un intento por estabilizar la situación mientras continúan los litigios.
