La mina Cobre Panamá, operada por la canadiense First Quantum Minerals, representa una de las mayores inversiones extranjeras en la historia de Panamá y es una fuente significativa de cobre a nivel mundial. Sin embargo, en noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato minero vigente, lo que llevó al cierre de la mina y a protestas masivas por preocupaciones ambientales.
La postura de Mulino: sin nuevo contrato, pero con apertura al diálogo
El presidente José Raúl Mulino ha dejado claro que no se firmará un nuevo contrato minero bajo la actual Asamblea Nacional, que se opone a tales acuerdos. En cambio, propone establecer una “asociación real” que refleje que la mina pertenece a Panamá.
Mulino enfatizó que cualquier arreglo futuro debe pasar por la aprobación legislativa y judicial, y superar la oposición de grupos ambientalistas que fueron clave en el cierre de la mina en 2023.
Implicaciones económicas y sociales
El cierre de Cobre Panamá ha tenido un impacto significativo en la economía del país. Según la Cámara Minera de Panamá, se han perdido más de 54,000 empleos indirectos debido al cierre. Además, el presidente Mulino ha expresado su preocupación por la pérdida de esta fuente de generación de riqueza y empleo.
Perspectivas futuras: entre la incertidumbre y la esperanza
Aunque First Quantum ha retirado su demanda de arbitraje de $20 mil millones contra Panamá, la reapertura de la mina sigue siendo un proceso complejo. Requiere la aprobación del Congreso, la firma de un nuevo acuerdo con la empresa y el visto bueno de la Corte Suprema, todo ello en medio de la oposición de organizaciones ambientalistas.
Analistas ven la decisión de First Quantum como un paso positivo hacia la resolución del conflicto, pero reconocen que el camino hacia la reapertura de la mina es incierto y desafiante.
La decisión del presidente Mulino de descartar un nuevo contrato minero para Cobre Panamá marca un cambio significativo en la política minera del país. Si bien busca reafirmar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, también abre la puerta a nuevas formas de asociación con empresas extranjeras. El futuro de la mina dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar los intereses económicos, sociales y ambientales en un contexto político complejo.
